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Se realizaron encuentros de regantes para conocer el Código de Aguas actualizado y propuesta constitucional

- Asistieron más de cien directivos de Longaví y Parral.

- El abogado especialista, Diego Castro, explicó alcances de los cambios y aconseja estar atento a Plebiscito de septiembre para continuar.

La Junta de Vigilancia del Río Longaví y sus Afluentes (JVRL) realizó dos encuentros con usuarios de la Organización para explicar las modificaciones del Código de Aguas y la propuesta Constitucional con relación al área.

Asistieron más de cien personas a los encuentros; por el lado norte del río Longaví, llegaron 43 representantes, mientras que por el lado sur asistieron 64 regantes. Ellos serán los encargados de transmitir la información en sus comunidades de aguas, quienes son representantes de 5 mil familias de Longaví, Retiro y Parral.

El encargado de explicar la Ley fue el abogado del Maule Diego Castro quien informó de las prioridades que impone las modificaciones, como el consumo humano del agua, servicios eco sistémicos y usos productivos, además de algunos consejos prácticos para los agricultores, como revisar los antecedentes legales y actualizar antecedentes.

Castro comenta que “el principal cambio, es que la condición con relación a los derechos se modifica. Antiguamente éramos dueños, ahora somos titulares y nosotros como canalistas estimamos que la palabra es más grave que un cambio semántico. Lamentablemente, ni el Congreso ni el Tribunal Constitucional acogió nuestras solicitudes y además, se hacen algunas exigencias en regularización y perfeccionamiento, que son los que afectan a las organizaciones de usuarios. Se establecen caducidades, sanciones y multas para los regantes”.

Con respecto a los pasos que se deben seguir, el abogado comenta que “es necesario que revisen sus títulos, no incurran en gastos en regularizar por ahora, porque si sale Rechazo, va a correr este Código de Aguas que se aprobó recientemente. Pero, si sale Apruebo, queda todo sin efecto, porque acá opera la supremacía constitucional y prácticamente la totalidad del código de aguas quedaría sin efecto”.

Por su parte, el presidente del Directorio de la JVRL, Máximo Correa, comentó que la intención de organizar estas reuniones es para responder a la necesidad de los regantes, pues ellos necesitan más información con respecto al Código de Aguas y la propuesta Constitucional, sin tener en cuenta lo político, sino de contenidos, como tal.

Uno de los asistentes al encuentro fue el representante de Quinto Alto A de Longaví, Mario Toledo, quien aseguró que “las personas que estuvieron trabajando en el cambio del Código de Aguas me parecen que les faltó información, porque hay cambios que no cuadran con la situación del mundo agrícola y con los regantes. Es necesario informarse bien, asistir a este tipo de reuniones y una vez que estén informados tomar la decisión correcta”.

Así mismo, la tesorera del Canal Retiro, María Luz Salgado, agradeció la reunión para enterarse de los cambios y así poder transmitir a sus usuarios. Además, ella pretende gestionar una reunión para que vaya equipo técnico a entregar información directamente a sus regantes.

Deberes de las comunidades de aguas

En las reuniones informativas se explicó la importancia de enviar el Catastro Público de Aguas (CPA) de cada Canal, sino no se puede esperar una protección de la Dirección General de Aguas (DGA), pues se desconocerán por falta de información de esto. Lo que debe ser proporcionado por la misma Comunidad.

Así mismo, Diego Castro, aseguró que es necesario enviar documentación a la autoridad con respecto a cada regante de las Comunidad de aguas, incluyendo inscripción en CPA, matriculas de canalistas a cargo de cuando se dejan las compuertas abiertas, entre otras informaciones.

Propuesta Constitucional

En la Propuesta Constitucional, con respecto al agua, se crearía la Agencia Nacional del Agua (ANA), órgano que otorgará, revisará, modificará, caducará o revocará las autorizaciones o permisos de uso de todas las aguas del país. Además, los usuarios perderían la calidad de “titulares” de un Derecho de aprovechamiento de aguas; se crea la posibilidad de redistribuir el agua modificando los permisos del uso, entre otros puntos.

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